En 1984, a finales del gobierno de Belaunde, se promulgó la Ley del Profesorado, una conquista emblemática sindical que fue concedido por el gobierno dado que la implementación sería asumida por el siguiente gobierno. García escasamente reconoció la ley; todo lo contrario, empezó a llenar el sector con miles de apristas y docentes sin título registrados en la Asociación de Trabajadores Apristas. Sin embargo en 1990, a finales del gobierno de García se hicieron unas modificatorias a la Ley del Profesorado creando el concepto del “preparación de clases y evaluación”. La Ministra Meche Cabanillas concedía un aumento del 30% de la remuneración total que sería asumido nuevamente por el siguiente gobierno.
Fujimori nunca reconoció la herencia Cabanillas y empezó entonces una deuda que no fue reclamada por los docentes durante el periodo de la dictadura. Pero además, para paliarla, el Ministro Boloña emite un decreto donde sostiene que la remuneración total es igual a la “remuneración total permanente”. La remuneración total permanente es un monto producto de la suma de 5 conceptos: remuneración básica (0.7 céntimos de sol), remuneración unificada (máxima a 40 soles), transitoria por homologación (máxima a 27 soles), bonificación familiar (5 soles) y bonificación por movilidad y refrigerio. En el fondo, el fujimorismo llegaba a embaucar al magisterio al reconocer apenas cinco conceptos de un conjunto de componentes del salario total docente.
Toledo también se dio cuenta que el concepto del 30% era inviable. La estrategia del partido de la chakana fue aumentar el salario docente bajo el concepto de “trabajo efectivo en el aula”, pero no pensionable, sin tocar la remuneración e ignorando el 30% por preparación de clase. Como el dinero chorreaba, los docentes no protestaron por la deuda histórica que se seguía acumulando.
Sin embargo, la bomba de tiempo empezaba su conteo regresivo. Algunos docentes –dicen que primero en Arequipa - empezaron a denunciar al Estado en demanda de la deuda. Lo que es peor, empezaron a ganar juicios; la noticia empezó a expandirse como reguero de pólvora. Cada vez más docentes y docentes empezaron a enjuiciar al Estado y exigir el pago de la deuda. Pronto, con el presente gobierno, la olla a presión llegó a su tope. Aprovechado por grupos extremistas, la causa magisterial fue capitalizada por extremistas vinculados a sendero, iniciándose una huelga de sur a norte que ha puesto en jaque al actual gobierno.
La práctica gubernamental de hacer política cargando la implementación al siguiente gobierno o implementando argucias normativas ha creado una relación Estado-magisterio basada en la desconfianza y la protesta a través de paros y huelgas. El reto de la gestión de la Ministra Salas es revertir dicha práctica instaurada hace treinta años. La conducción del magisterio debe ser recuperado por el Estado. Para ello, el ministerio debe salir a las calles; visitar cada región; y sudar la gota gorda contra CONARE y Patria Roja.
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